El independentismo catalán suele presentarse como un conflicto entre Cataluña y España, pero esa imagen oculta una división esencial: la sociedad catalana tampoco comparte una sola respuesta. En las mismas ciudades conviven quienes desean un Estado propio, quienes prefieren ampliar la autonomía y quienes consideran que Cataluña debe permanecer dentro de España.

Las raíces del movimiento se encuentran en el desarrollo del catalanismo político durante los siglos XIX y XX. Sin embargo, la movilización contemporánea se aceleró después de la sentencia de 2010 sobre el Estatuto de Autonomía de 2006. Algunos artículos fueron anulados y otros quedaron sujetos a una interpretación constitucional. Para muchos independentistas, se había limitado un acuerdo aprobado por los parlamentos español y catalán y ratificado en Cataluña. Sus críticos respondieron que ningún estatuto podía situarse por encima de la Constitución.

Desde 2012 se organizaron manifestaciones masivas y se extendió la expresión «derecho a decidir». En 2014 se celebró una consulta simbólica. Tres años después, el gobierno catalán convocó el referéndum del 1 de octubre, suspendido por el Tribunal Constitucional. Se abrieron centros de votación, se retiraron urnas y se produjeron cargas policiales. Aunque el sí obtuvo una amplia mayoría entre los votos emitidos, gran parte del electorado contrario a la independencia no participó.

El Parlamento catalán declaró la independencia el 27 de octubre de 2017. Ese mismo día, se autorizó la aplicación del artículo 155, mediante el cual el gobierno español destituyó al ejecutivo catalán y convocó elecciones. Después se juzgó a varios dirigentes, mientras otros se trasladaron al extranjero.

La etapa posterior combinó castigo, negociación y desgaste. En 2021 se concedieron indultos a nueve líderes condenados. En 2024 entró en vigor una ley de amnistía vinculada al proceso independentista, avalada en gran parte por el Tribunal Constitucional en 2025, aunque con correcciones concretas. También en 2024, los partidos independentistas perdieron su mayoría parlamentaria.

El movimiento continúa, pero ya no domina la política catalana como antes. Su futuro depende menos de repetir 2017 que de responder a una pregunta más difícil: cómo convertir una sociedad dividida en una decisión reconocida como legítima por casi todos.

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