Pocos conflictos políticos europeos recientes han producido una colección tan persistente de palabras disputadas. Para unos hubo un referéndum; para otros, una votación ilegal. Unos hablan de exilio, otros de fuga. Según quién narre 2017, el Estado defendió el orden constitucional o respondió con una fuerza que agravó el problema. El independentismo catalán no solo enfrenta proyectos territoriales: enfrenta relatos que rara vez reconocen la legitimidad moral del contrario.

Su genealogía es más larga que el llamado procés. El catalanismo político nació en el siglo XIX como una familia diversa de ideas culturales, federalistas, autonomistas y nacionalistas. La independencia fue durante décadas una opción minoritaria. Lo extraordinario no es, por tanto, que existiera, sino que llegara a ocupar el centro de la política catalana.

La sentencia constitucional de 2010 sobre el Estatuto de 2006 funcionó como acelerador. La mayor parte del texto sobrevivió, pero el detalle jurídico importó menos que la lectura política: un pacto aprobado por dos parlamentos y ratificado por los votantes catalanes podía ser limitado después. A esa frustración se sumaron la crisis económica, las disputas fiscales y una sensación de reconocimiento insuficiente. Desde 2012, las grandes manifestaciones transformaron una aspiración partidista en una experiencia colectiva.

Ese impulso contenía, sin embargo, una debilidad. El movimiento fue capaz de reunir multitudes y ganar mayorías parlamentarias, pero no de construir una mayoría social estable e indiscutible. Tampoco logró acordar con el Estado un mecanismo de separación. La apuesta unilateral de 2017 intentó resolver ambos problemas mediante un acto de soberanía.

El referéndum del 1 de octubre, suspendido por el Tribunal Constitucional, tuvo una potencia simbólica evidente y una legitimidad compartida insuficiente. Millones acudieron a votar; muchos contrarios a la independencia se abstuvieron. La intervención policial ofreció al independentismo su imagen más convincente —ciudadanos frente a porras y escudos—, pero el recuento no podía sustituir unas reglas aceptadas por las dos partes. La declaración parlamentaria del 27 de octubre tampoco produjo control efectivo del territorio ni reconocimiento internacional.

La respuesta estatal restauró el marco institucional mediante el artículo 155, aunque dejó una herida política. Los juicios y condenas de 2019 reforzaron entre muchos independentistas la idea de represión; para sus adversarios, demostraron que los gobernantes también debían responder ante la ley. Indultos, negociación y amnistía trasladaron después el conflicto desde el castigo hacia la normalización. La Ley Orgánica de 2024, validada en gran parte por el Tribunal Constitucional en 2025 con algunas correcciones, alivió responsabilidades, pero abrió otra disputa sobre igualdad, separación de poderes y oportunidad política.

Las elecciones catalanas de 2024 retiraron a los partidos independentistas la mayoría que habían conservado durante años. Sería apresurado interpretar ese resultado como el final del movimiento. Las identidades nacionales no desaparecen al cambiar una legislatura, y la demanda de una consulta acordada conserva apoyo más allá del independentismo estricto. Lo que sí terminó, al menos por ahora, fue la ilusión de que la movilización podía reemplazar indefinidamente la construcción de consensos.

Cataluña no carece de votos; carece de un acuerdo sobre qué votos deben contar, bajo qué reglas y con qué consecuencias. Esa es la paradoja central. Ambas partes invocan la democracia, pero la sitúan en lugares distintos: unos en el derecho de una comunidad a decidir su futuro; otros en la soberanía constitucional compartida. Cualquier salida duradera tendrá que hacer algo que el procés y la respuesta estatal evitaron con frecuencia: reconocer que el adversario no es un accidente que desaparecerá, sino parte del país que se pretende gobernar.

Tip: tap any word to see its English translation.