Durante años, el independentismo catalán fue una corriente importante, aunque minoritaria, dentro del catalanismo. Su transformación en un movimiento de masas no puede explicarse mediante una sola causa. La lengua, la memoria histórica, el modelo territorial español, la financiación autonómica y la desconfianza acumulada entre instituciones terminaron convergiendo en una crisis de gran alcance.

Aprobado en 2006 por las Cortes Generales y ratificado en referéndum en Cataluña, el nuevo Estatuto de Autonomía pretendía actualizar el reparto de competencias y reconocer con mayor claridad la singularidad catalana. La sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 anuló algunos preceptos y reinterpretó otros. Jurídicamente, el Estatuto continuó vigente en su mayor parte; políticamente, la decisión produjo un efecto mucho mayor que sus modificaciones concretas. Amplios sectores concluyeron que una reforma negociada dentro del sistema podía ser corregida después por los tribunales.

La crisis económica añadió otra capa de malestar. Impulsadas por organizaciones civiles y respaldadas progresivamente por partidos nacionalistas, las movilizaciones de 2012 convirtieron la independencia en una propuesta central. El lenguaje también cambió: en lugar de discutir únicamente sobre competencias, se comenzó a reclamar el «derecho a decidir».

Tras una consulta no vinculante en 2014, el gobierno de Carles Puigdemont convocó el referéndum del 1 de octubre de 2017, suspendido por el Tribunal Constitucional. La jornada quedó marcada por dos imágenes incompatibles pero simultáneas: ciudadanos protegiendo urnas como expresión democrática y fuerzas policiales cumpliendo órdenes judiciales mediante actuaciones que causaron indignación dentro y fuera de España. El resultado, favorable a la independencia entre quienes votaron, careció de participación suficiente y de garantías compartidas para cerrar el conflicto.

Declarada la independencia por el Parlamento catalán el 27 de octubre, el Estado respondió con la aplicación del artículo 155, la destitución del gobierno autonómico y la convocatoria de elecciones. Llegaron después los procesos penales, las condenas de 2019, la salida al extranjero de varios dirigentes y una prolongada judicialización.

La distensión posterior tampoco resolvió el desacuerdo de fondo. Los indultos de 2021 y la ley de amnistía de 2024 buscaron reducir las consecuencias penales del llamado procés. El Tribunal Constitucional validó en 2025 la mayor parte de esa ley, corrigiendo algunos puntos. Mientras tanto, la pérdida de la mayoría independentista en las elecciones catalanas de 2024 mostró un cambio político, no la desaparición del sentimiento soberanista.

El conflicto permanece porque enfrenta legitimidades distintas. Una parte de la sociedad reclama decidir mediante un referéndum; otra recuerda que la soberanía pertenece al conjunto de los españoles y que las reglas constitucionales no pueden ignorarse. El desafío ya no consiste únicamente en contar partidarios, sino en construir un procedimiento cuyo resultado no sea vivido por media Cataluña como una imposición.

Tip: tap any word to see its English translation.