Pablo Escobar comprendió que el poder criminal no se sostiene únicamente con dinero y armas. También necesita un relato. Mientras el Cartel de Medellín extendía una red de sobornos, amenazas y atentados, su jefe financiaba viviendas y canchas en sectores pobres. Ambas acciones sostenían el mismo poder.

Nacido en Rionegro en 1949 y criado cerca de Medellín, Escobar se incorporó al comercio de cocaína durante los años setenta. La demanda estadounidense convirtió un negocio ilegal en una industria transnacional. Con otros traficantes, organizó rutas internacionales. Las ganancias permitían adquirir propiedades y empresas, pagar funcionarios.

La riqueza también encontró una ciudad marcada por la desigualdad. En barrios olvidados, esas obras atendieron necesidades reales. Eso explica parte de la gratitud local. Lo necesario es preguntar de dónde provenían los recursos y qué función política cumplía la ayuda. Esa pregunta cambia el sentido de la generosidad.

Escobar intentó convertir esa popularidad en autoridad formal. En 1982 entró en el Congreso como representante suplente. Su paso fue breve: el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla denunció sus relaciones con el narcotráfico. El asesinato de Lara en 1984, cometido por hombres vinculados al cartel, señaló el comienzo de una confrontación cada vez más abierta.

La campaña contra la extradición mostró hasta dónde podía llegar ese desafío. El Cartel de Medellín atacó a funcionarios, jueces, periodistas y policías; también realizó atentados que afectaron indiscriminadamente a civiles. El objetivo consistía en transformar el miedo colectivo en presión sobre el Gobierno. La violencia intentaba determinar decisiones nacionales.

En 1991, después de una negociación, Escobar se entregó y fue recluido en La Catedral. La palabra cárcel resultaba engañosa. Sus propios hombres controlaban la seguridad, las autoridades tenían un acceso limitado y el jefe continuaba administrando su organización. Cuando el Gobierno intentó trasladarlo tras los crímenes cometidos dentro del recinto, Escobar escapó en julio de 1992. La fuga reveló cuánto había cedido el Estado.

La persecución terminó en Medellín el 2 de diciembre de 1993, cuando murió durante una operación. El Cartel de Medellín perdió su estructura dominante, pero el negocio no desapareció. Otras organizaciones ocuparon rutas y adoptaron formas menos visibles. La muerte del jefe resolvió una búsqueda; no eliminó las condiciones sociales que habían facilitado su ascenso.

Tres décadas después, Escobar posee otra clase de poder. Su rostro vende series, recuerdos y recorridos turísticos. El criminal histórico se ha convertido en personaje, y el personaje suele conservar el lujo mientras pierde a las víctimas. Medellín ha tratado de invertir esa mirada. En el lugar del antiguo edificio Mónaco abrió un parque memorial dedicado a quienes sufrieron el narcoterrorismo.

No se trata de borrar a Escobar. Comprenderlo exige situarlo dentro de una sociedad desigual, un mercado internacional y unas instituciones vulnerables. Sin embargo, explicar no significa admirar. Su biografía enseña que la caridad puede aliviar una necesidad y, al mismo tiempo, ocultar el sistema que la produce. El verdadero desafío de la memoria consiste en reconocer esa complejidad sin permitir que el victimario vuelva a ocupar todo el espacio.

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