Pablo Escobar murió en 1993, pero su personaje continúa produciendo beneficios. Aparece en series, camisetas, recorridos turísticos y conversaciones que convierten el crimen en espectáculo. La fascinación se alimenta de una fórmula conocida: riqueza imposible, desafío al Estado, lealtad familiar y un final perseguido. Cuando esa narración ocupa el primer plano, las personas afectadas quedan reducidas a escenario.

El mito comenzó antes de las pantallas. Nacido en Rionegro en 1949 y criado en la región de Medellín, Escobar entró en el tráfico de cocaína durante los años setenta. Con otros empresarios criminales construyó una organización transnacional que respondió a la demanda estadounidense. El Cartel de Medellín coordinó una compleja red transnacional.

Sus ganancias encontraron una Colombia profundamente desigual. Escobar financió viviendas, canchas y otras obras en comunidades pobres. Las obras atendían necesidades reales que el Estado había descuidado. Sin embargo, presentar esas acciones como prueba de bondad separa artificialmente la donación de su origen. La ayuda compraba gratitud, silencio y una imagen de benefactor.

Esa legitimidad acompañó su salto a la política. En 1982 llegó al Congreso como representante suplente. Rodrigo Lara Bonilla, ministro de Justicia, denunció sus vínculos con el narcotráfico, y Escobar abandonó el cargo. Su asesinato en 1984 mostró el precio de oponerse al cartel.

La lucha contra la extradición llevó ese método a escala nacional. El cartel atacó periodistas, jueces, policías, dirigentes políticos y ciudadanos comunes. Atentados como los dirigidos contra el vuelo 203 de Avianca y el edificio del DAS mostraron que el terror no era un exceso accidental, sino una herramienta para modificar decisiones estatales. La sociedad pagaba la protección de los traficantes.

La rendición de 1991 pareció interrumpir la guerra. En realidad, Escobar había negociado una prisión a su medida. La Catedral tenía guardias escogidos por él y permitía que continuara dirigiendo negocios. Tras ordenar crímenes contra antiguos socios dentro del recinto, el Gobierno intentó trasladarlo. Su fuga en julio de 1992 convirtió la cárcel en símbolo de una soberanía privatizada.

La búsqueda posterior tampoco fue limpia. Junto al Bloque de Búsqueda actuaron los Pepes, enemigos ilegales de Escobar vinculados con narcotraficantes y paramilitares. La Comisión de la Verdad documentó conexiones peligrosas entre agentes oficiales y esos grupos. El enemigo cayó, pero ciertos aliados de la persecución fortalecieron violencias futuras.

Escobar murió durante una operación policial en Medellín el 2 de diciembre de 1993. Su muerte debilitó al Cartel de Medellín sin acabar con la economía de la cocaína. El negocio se desplazó hacia el Cartel de Cali y después hacia redes más fragmentadas. Concentrar la explicación en un solo hombre ofrece un final, pero impide observar el mercado, la corrupción y las desigualdades que sobrevivieron.

Ese mismo problema organiza su recuerdo. El narcoturismo promete acercarse al hombre extraordinario; rara vez concede igual atención a un juez amenazado, una familia desplazada o una comunidad que resistió. Medellín ha intentado cambiar el encuadre. En 2019 demolió el edificio Mónaco, propiedad de Escobar, y abrió allí el Parque Memorial Inflexión para honrar a las víctimas del narcoterrorismo.

Destruir un edificio no destruye un mito. Las prohibiciones incluso pueden volverlo más atractivo. La respuesta más exigente consiste en narrar mejor: reconocer que las obras sociales atendieron necesidades reales, explicar cómo esa ayuda consolidó una autoridad criminal y devolver nombre y acción a quienes enfrentaron el miedo.

Escobar debe permanecer en la historia, pero no como su dueño. El centro pertenece a una sociedad que padeció su proyecto y continuó existiendo después. Cambiar el protagonista no falsifica el pasado; corrige la perspectiva desde la cual aprendemos a mirarlo. Devuelve dignidad a quienes nunca eligieron participar del espectáculo.

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